Alejandro Moreno advierte que el caso Rocha Moya forma parte de una red de señalamientos contra funcionarios de Morena vinculados al crimen

Alejandro Moreno señala que las acusaciones en Estados Unidos no solo alcanzan al exgobernador, sino a otros actores políticos, lo que agrava la crisis institucional

Alejandro Moreno advirtió que lo ocurrido en Sinaloa con Rubén Rocha Moya no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio que involucra a diversos funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. La solicitud de licencia del gobernador se dio tras acusaciones del gobierno de Estados Unidos, pero junto a su nombre también han sido mencionados otros actores políticos como Enrique Inzunza Cázarez, senador; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; así como exfuncionarios y operadores vinculados a la administración estatal.

El contexto, explicó Alejandro Moreno, es lo que da dimensión al caso. Durante años se advirtió sobre condiciones de inseguridad, presiones en procesos electorales y posibles vínculos entre estructuras políticas y grupos criminales en Sinaloa. Lo que ocurrió fue que estas alertas no se atendieron y hoy derivaron en acusaciones formales a nivel internacional que exhiben una posible red de complicidades dentro del poder.

Desde su perspectiva, lo más grave no es únicamente la salida de Rocha Moya, sino que los señalamientos alcanzan a varios niveles de gobierno, lo que apunta a un problema estructural. Cuando múltiples funcionarios son vinculados en investigaciones de este tipo, afirmó, se rompe la idea de que se trata de casos individuales y se confirma el riesgo de infiltración del crimen en la política.

Alejandro Moreno señaló que esta situación tiene consecuencias directas en la gobernabilidad, ya que cuando el crimen organizado influye en decisiones públicas, las instituciones dejan de responder al interés ciudadano. En Sinaloa, indicó, esto se ha reflejado en un entorno de violencia constante, desconfianza social y debilitamiento del Estado.

También explicó por qué considera que este caso rebasa lo político. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos colocan el tema en una dimensión internacional, afectando la imagen de México y generando dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar legalidad. Esto, dijo, impacta en la relación con otros países y en la confianza de inversionistas y aliados.

El dirigente subrayó que se advirtió que permitir este tipo de situaciones tendría consecuencias graves, y lo que ocurrió fue que la crisis terminó por escalar hasta un punto en el que la presión social, mediática e internacional obligó a tomar decisiones como la licencia del gobernador.

Alejandro Moreno insistió en que la salida del cargo no resuelve el problema de fondo, ya que los señalamientos siguen vigentes y deberán investigarse. Enfatizó que es necesario esclarecer si existe una red de responsabilidades y hasta dónde llega su alcance.

Finalmente, concluyó que el caso Rocha Moya, junto con los otros nombres señalados, confirma que cuando se cruzan los límites entre política y crimen organizado, el daño no es solo político, sino estructural, afectando la seguridad, la confianza en las instituciones y la estabilidad democrática del país.