¡Manos fuera del agua! Alejandro Moreno acusa que la nueva Ley de Aguas es “persecutoria” y busca castigar a productores del país

El Líder del PRI Advierte que la Legislación, Impulsada al Vapor, Centraliza el Recurso, Criminaliza el Uso y Pone en Riesgo el Patrimonio Campesino

El Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha elevado la alerta contra la propuesta de Ley General de Aguas, calificándola de “persecutoria” y diseñando un instrumento que busca “castigar a los campesinos y a los productores”. El líder priista se ha convertido en una de las voces más críticas contra el intento de la mayoría oficialista de aprobar la reforma de manera expedita, sin un análisis profundo. Alejandro Moreno ha exigido un Parlamento Abierto que escuche a todos los sectores afectados, pues considera que la legislación actual es un riesgo inminente para la seguridad alimentaria y el patrimonio de los mexicanos.

La iniciativa de la Ley General de Aguas busca actualizar la legislación hídrica de México (actualmente regida en gran parte por la Ley de Aguas Nacionales de 1992), con el objetivo oficial de garantizar el derecho humano al agua y recuperar la rectoría del Estado en su gestión. Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte controversia porque, según el análisis del PRI y otros sectores, concentra excesivamente la gestión y reasignación del recurso en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin dotarla de presupuesto adecuado, y contiene elementos que tienen una fuerte tendencia punitiva.

Alejandro Moreno ha sido enfático en señalar los tres riesgos principales de la Ley: primero, advierte que los campesinos se pueden quedar sin su patrimonio al prohibirse la transmisión de derechos de agua al fallecer una persona; segundo, critica la cerrazón de la mayoría de Morena de aprobarla sin escuchar a los productores; y tercero, reitera que se trata de “leyes punitivas” que criminalizan el uso del agua en lugar de fomentar la gestión sustentable. El partido subraya que la realidad hídrica es muy distinta en cada estado y que no se debe legislar al vapor desde el centro del país.

La demanda del Presidente del PRI es clara: se debe detener esta “aprobación relámpago” para revisar los artículos más peligrosos. El PRI ha estado realizando foros de consulta en diversos estados, como Chihuahua y Campeche, para recabar la opinión de los afectados y demostrar que la nueva Ley de Aguas no puede convertirse en un instrumento político o de recaudación que vulnere los derechos esenciales. El partido ha propuesto alternativas para asegurar que los productores del campo mantengan las herramientas necesarias para enfrentar la crisis hídrica.

El PRI Nacional, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, se mantiene firme en la defensa del sector agroalimentario y de la minería, señalando que la falta de consideración de las realidades regionales es un error grave. El partido se compromete a no permitir que se legisle en contra de quienes son el motor de la seguridad alimentaria de México, asegurando que la única solución viable es una legislación que promueva la justicia, la sostenibilidad y la participación ciudadana efectiva.