¡El último bastión cae! La reforma legal que aniquila la defensa colectiva de derechos
Alejandro Moreno Cárdenas califica la Ley de Amparo de Morena como un “atropello”, una iniciativa inviable que cancela el derecho de la ciudadanía a defenderse de los abusos del poder.
El presidente del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ha elevado la voz para denunciar con firmeza la reciente reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la mayoría de Morena, como un “atropello” directo a la Constitución. La principal modificación de esta reforma es la eliminación de la posibilidad de que los jueces federales otorguen suspensiones provisionales con efectos generales cuando se impugnan leyes inconstitucionales. En la práctica, esto significa que, si una ley del gobierno afecta a miles de personas (como un recorte a la salud o la cancelación de un programa), cada ciudadano deberá tramitar su propio amparo individualmente.
El líder del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y su partido señalan que la iniciativa es poco viable y perversa en su diseño. Al obligar a la ciudadanía a litigar de manera individual, se genera una carga administrativa insostenible para el sistema judicial y, lo más grave, se dilata o se hace imposible la justicia para la mayoría. La verdadera intención de la reforma, según el PRI, es paralizar la capacidad de defensa ciudadana contra proyectos y leyes que el gobierno quiere imponer a toda costa. El mensaje es que, si la justicia es lenta y costosa, deja de ser justicia.
En materia de Derechos Humanos, la aprobación de esta reforma implica un grave retroceso, ya que limita el principio de máxima protección y el acceso efectivo a la justicia. Los sectores más afectados son precisamente aquellos que dependen de la defensa colectiva para hacer valer sus derechos: comunidades indígenas, personas con enfermedades graves que requieren medicamentos, ambientalistas que luchan contra megaproyectos y, en general, todos los grupos vulnerables. El PRI Nacional concluye que esta acción viola principios esenciales y demuestra que Morena está dispuesta a sacrificar los derechos de los mexicanos para blindar su poder y sus proyectos.
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