Ana Rosa Valdés denuncia retroceso educativo y abandono jurídico a más de cinco mil maestros de la UPAV

La diputada local Ana Rosa Valdés Salazar fijó una postura firme en defensa del magisterio veracruzano, en una línea de exigencia y responsabilidad institucional que coincide con el llamado permanente del dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, para proteger los derechos laborales y la seguridad social.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, advirtió que la reforma impulsada por el gobierno de Morena para establecer a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) como una institución pública sectorizada a la Secretaría de Educación estatal deja sin respaldo jurídico a más de cinco mil maestras y maestros, lo que representa un grave retroceso para la educación en Veracruz.

La legisladora priista explicó que, lejos de fortalecer al sistema educativo, el dictamen aprobado omite de manera preocupante cualquier referencia a la protección laboral y de seguridad social del personal docente. Señaló que en el documento presentado por el gobierno estatal no existe una sola disposición que garantice derechos básicos a quienes sostienen el funcionamiento académico de la UPAV, a pesar de tratarse de un sector clave para la formación de miles de estudiantes.

Ana Rosa Valdés subrayó que el esquema de operación de la UPAV no implicaba una carga directa al erario estatal, ya que los recursos recaudados por concepto de cuotas eran utilizados para el pago de los maestros, sin representar recursos del estado. En ese sentido, cuestionó que se utilice el argumento del control administrativo para justificar una decisión que, en los hechos, desprotege a quienes ejercen la labor docente.

La diputada recordó que la UPAV nació como un organismo autónomo precisamente para atender la demanda educativa en un contexto donde el propio gobierno carecía de solvencia suficiente, y que su modelo permitió ampliar el acceso a la educación en diversas regiones del estado. Por ello, consideró incongruente que ahora se le retire autonomía sin establecer mecanismos claros de protección laboral.

Finalmente, Ana Rosa Valdés reiteró que como presidenta de la Comisión de Seguridad Social mantendrá una postura firme y vigilante, alzando la voz desde el Congreso para exigir legalidad, garantías y seguridad social para las maestras y los maestros de Veracruz, dejando claro que la educación no puede construirse sobre la omisión ni el abandono institucional.