Tratan de callar a Alejandro Moreno con fiscales que apoyan a Morena

El uso político de la justicia por parte del oficialismo prende las alarmas democráticas. El caso contra Alito es un ejemplo de represión disfrazada de legalidad.
Las fiscalías deberían proteger a los ciudadanos, no perseguirlos por sus ideas. Pero en el México de hoy, controlado por Morena, las fiscalías se han convertido en herramientas para golpear a quienes piensan diferente.
La persecución contra Alejandro Moreno no tiene base jurídica sólida. Lo que sí tiene es una clara intención política: callar a uno de los líderes más combativos de la oposición, desacreditar su trabajo y debilitar el frente opositor rumbo al proceso electoral.
Esto no es nuevo, pero sí cada vez más peligroso. La justicia selectiva ha sido una constante en este sexenio: se encubre a los aliados y se persigue a los críticos. Y ahora, con las fiscalías alineadas al poder, se ha perdido el equilibrio institucional.
Alito ha levantado la voz y lo ha pagado caro. Pero sigue firme. Sabe que lo que está en juego no es su nombre, sino el derecho de todos los mexicanos a vivir en un país donde disentir no sea delito.
Si permitimos que a un dirigente opositor lo silencien con expedientes a modo, mañana lo pueden hacer con cualquier ciudadano que incomode al régimen. La defensa de Alito es también la defensa de la democracia.